Anulan permiso que dio
Setena para sembrar 600 hectáreas de piña en Humedal Térraba
Sierpe
UNIVERSIDAD conversó con algunas de las personas
involucradas en el proceso legal que desde el 2016 cuestionó este megaproyecto
de la compañía Del Monte, en la Zona Sur.
By Fabiola Pomareda García Dic
21, 2019 18:42pm
Humedal y blosque dentro
de la finca donde se planeaba sembrar las 600 hectáreas de piña. Imagen tomada
en junio de 2017. (Foto: Francisco Guerrero)
Esta semana el Ministerio de Ambiente (Minae) resolvió anular la viabilidad ambiental que en 2016
había dado esta misma entidad a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del
Monte, S.A. para sembrar 600 hectáreas de monocultivo de piña en una finca
ubicada en Palmar Sur, en la misma cuenca del Humedal Nacional Térraba Sierpe.
La resolución del Minae
declaró con lugar acciones legales interpuestas por Mauricio Álvarez, entonces
presidente de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), con
apoyo de los abogados Álvaro Sagot y Sofía Barquero y
el geólogo Allan Astorga. Pero además, dio la razón a
los argumentos de grupos ecologistas, familias campesinas y una arqueóloga que
alertaron sobre los impactos ambientales del proyecto.
Se trataba de un proyecto de la
corporación Del Monte, en Palmar Sur, cantón de Osa. Pretendían sembrar más de
600 hectáreas de piña y aplicar 41 agroquímicos en una finca que incluye
bosques, humedales y un acuífero; todo en el área de influencia inmediata del
Humedal Nacional Térraba - Sierpe, declarado de
importancia internacional según la Convención Ramsar.
El terreno iba a ser cubierto con 5 kilómetros cuadrados de plantación
intensiva de piña, según la resolución del Minae,
además de red vial, pasos de agua, sistema de riego, mini- predios de carga y
el plantel.
Para
Mauricio Álvarez, "hay un antes y un después de esta resolución, porque se le
está poniendo por fin un límite a la expansión incontrolada de la piña". "Esta
es una moratoria ‘de hecho’ a seguir expandiendo los cultivos de piña sobre
humedales, áreas protegidas y áreas de protección del agua de las comunidades",
dijo el coordinador del Programa Kioscos Socioambientales
de la Universidad de Costa Rica.
La
empresa solicitó la viabilidad ambiental para el proyecto, la cual fue otorgada
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el 2016, durante la
administración de Édgar Gutiérrez Espeleta como
Ministro de Ambiente.
En el
recurso de nulidad se expuso que los estudios de impacto ambiental favorecieron
al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes. La
Setena tramitó el permiso en menos de un mes e incluso el Departamento de
Evaluación Ambiental de esta Secretaría fue el que recomendó no hacer una
inspección de campo, según consta en el documento firmado por Marco Vinicio
Araya.
En ese
mismo documento se obligaba a la empresa a depositar un monto de garantía
ambiental por la suma de 78.216 dólares (equivalente al 1% del monto de
inversión total del proyecto).
Una serie de "cortocircuitos"
de parte de Setena
Álvaro Sagot,
abogado ambientalista que participó en todo el proceso, señaló a UNIVERSIDAD
que la Setena tampoco valoró los nueve sitios arqueológicos que ya habían sido
declarados y reportados. Además, la empresa había declarado que existían 23.4
hectáreas de humedal y en el informe posterior que realizó el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación (SINAC), se descubrió que eran 100 hectáreas.
Igualmente, la empresa hablaba de unas "manchas de bosque", y el informe del
SINAC
determinó que había 64 hectáreas de bosque.
«La
finca es, en gran parte, una plantación de melina; pero nunca dijeron que había
esas 64 hectáreas de bosque - todo un ecosistema tropical- hasta que Sinac fue y lo descubrió», comentó Sagot.
"Nosotros
pedimos una apertura de procedimiento administrativo sancionatorio contra los
consultores ambientales de la empresa, los cuales son nombrados por la Setena,
porque se supone que ellos le deben fidelidad y objetividad a Costa Rica.
También pedimos que se sancionara a los funcionarios de Setena que hicieron la
valoración. Pero esto no se mencionó en ningún lado en la resolución del
Ministro", apuntó Sagot, refiriéndose a la resolución
emitida este 19 de diciembre por el Ministro Carlos Manuel Rodríguez.
Otro
cuestionamiento fue que no hubo proceso de consulta en la zona, sobre la
percepción de la comunidad ante el proyecto. El estudio socioeconómico se
aplicó a una muestra de 18 personas, que representa un 0.61% de la población
del cantón.
Evelyn
Saborío, quien tiene una parcela en Finca Térraba, en
Palmar Sur, afirmó a UNIVERSIDAD: "Esta lucha ha sido muy importante porque
nosotros no queríamos que vengan a ponernos un monocultivo a la par que nos va
a contaminar. Yo quiero trabajar mi parcela totalmente orgánica y con una piñera a la par como las que mandeja
Pindeco no voy a tener opción a que mi proyecto
crezca".
"Al
final todos los campesinos vamos a optar por venderle la tierra a ellos porque
no vamos a poder cultivarlas por la contaminación, por las
mosca, por los problemas en el agua porque nosotros utilizamos agua de
pozo. Todo eso nos iba a afectar. Y ver ese humedal que es tan bello destruido,
sería catastrófico", comentó Saborío.
Ignorar
la presencia de sitios arqueológicos fue otro vicio del proceso de Setena.
Según la resolución, el proyecto se ubica dentro de la zona de "Asentamientos
Cacicales Precolombinos con Esferas de Piedra del Diquís",
el primer conjunto de sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad
en el país. La presencia de sitios arqueológicos era conocida por la Setena
desde el inicio del trámite y no tenían aprobación del Museo Nacional cuando
dieron el visto bueno a la viabilidad ambiental.
La
arqueóloga y antropóloga Ifigenia Quintanilla opinó que «la decisión que tomó
el Ministro Carlos Manuel Rodríguez ha sido muy importante y era lo esperable
porque todos los criterios técnicos señalaban la inviabilidad de este proyecto piñero». Agregó que «la esperanza es que esta resolución
sirva también para detener otros proyectos piñeros
que, no solo afectan al ambiente, sino también al paisaje y al patrimonio
histórico nacional».
«En
este momento la empresa Pindeco está por decidir qué
hacer con esas 600 hectáreas. Habrá que ver si salen con una propuesta nueva o
llevan esto a juicio internacional. Lo importante sería hacer un esfuerzo
colectivo de país para adquirir esa tierra para proteger los nueve sitios
arqueológicos ya detectados y los otros que deben estar allí e integrarlos al
sitio de Patrimonio Mundial Diquís, donde los
humedales, esteros y el río Culebra se puedan integrar. Tal vez esto sirva para
recuperar espacios en el Delta del Diquís, que se han
repoblado de animales y puede ser una oportunidad para crear alguna forma de
corredor entre el manglar y la fila costeña», explicó Quintanilla a
UNIVERSIDAD.
En la
resolución emitida, el Minae ordena a la empresa
"abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con esta iniciativa".
Según el Ministro, "con esta resolución,
hacemos efectiva la garantía de la protección del medio ambiente y en especial
de las Áreas Silvestres Protegidas, ante el peligro de las actividades
antrópicas como los monocultivos y otras como el uso de agroquímicos asociadas
a ellas, pues éstas constituyen el elemento central de la protección de la
biodiversidad".