Laboratorio de Docencia en Cirugía

Rectoría y Consejo Universitario mantienen el pulso por laboratorio del cáncer

Autoridades universitarias están en un impasse sobre el control del Laboratorio, las competencias de cada órgano involucrado y si el diferendo deberá ser resuelto por la Asamblea Colegiada.

By Lucía Molina
Ene 29, 2020 06:05am

El actual DC-Lab cuenta con un edificio para atención de pacientes y enseñanza de nuevos métodos para la atención del cáncer. (Foto: Katya Alvarado).

La Rectoría y el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantienen el pulso sobre quién ejercerá el control del Laboratorio de Docencia en Cirugía (DC-Lab).

La Rectoría reiteró su postura de considerar nulo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, que lo separa de la administración del Laboratorio por considerarlos contrarios a lo que estipula el Estatuto de la Universidad.

"Dentro de las funciones del Consejo Universitario estipuladas en el Estatuto Orgánico, no se encuentra tomar decisiones sobre la adscripción de proyectos, programas, laboratorios y otros procesos académicos", dijo el rector, Henning Jensen, por medio de un comunicado de prensa.

Sin embargo, Patricia Quesada, representante ante el CU, es de la tesis de que el Consejo "tiene que intervenir en las resoluciones de la Rectoría en virtud de que existe una violación al Estatuto, situación que el CU no puede dejar pasar o ignorar en tanto el Estatuto Orgánico le establece como función la fiscalización de la gestión de la Universidad, según el artículo 30".

El DC-Lab es un proyecto que inició en el 2011 en la Escuela de Medicina con otro nombre, pero que terminó adscrito a la Vicerrectoría de Docencia mediante la resolución VD-R-10102-2018, del 1 de marzo de 2018.

En esa disposición también se lo otorgó un presupuesto propio, un nuevo objetivo general, objetivos específicos adicionales y la incorporación de un Consejo Académico interno del Laboratorio.

Las instalaciones del Laboratorio se financiaron con el préstamo del Banco Mundial, aprobado en el 2012, y se dedicaría, entre otras cosas, al desarrollo de nuevas técnicas para la detección del cáncer.

El rector ha asegurado en reiteradas ocasiones que este conflicto pone en riesgo los acuerdos tomados con el Banco Mundial y en sí mismo el proyecto, el cual fue declarado de interés público por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el 2013, previo a ser nombrado DC-Lab.

Según Quesada, la Vicerrectoría de Docencia no tiene competencia para ejercer la función de enseñanza en la Universidad, sino que es una función exclusiva de las unidades académicas y por esta razón, desde que el proyecto salió de la Escuela de Medicina, la Rectoría violó el Estatuto Orgánico.

El Consejo Universitario solicitó una investigación a la Contraloría Universitaria para determinar si el accionar de la Rectoría estaba de acuerdo con la normativa universitaria y en marzo del 2019 solicitó al Rector, por medio de un acuerdo, que "se abstenga de realizar cualquier actuación administrativa o ejecutiva relacionada con el DC-Lab".

Como respuesta, en setiembre de ese mismo año Jensen presentó la acusación por presuntos delitos de usurpación y abuso de autoridad contra ocho miembros del CU, por solicitarle abstenerse de la administración del DC-Lab, mientras se elabora un informe sobre el caso.

Jensen se ampara del artículo 219 del Estatuto Orgánico que dice que "los órganos internos universitarios no están legitimados para interponer recursos en contra de las decisiones tomadas por otros órganos universitarios".

El rector calificó de definitiva la posición del órgano que representa, mientras Patricia Quesada afirma que la postura del CU es "muy clara y contundente; es una posición definida que en ningún momento ha cambiado", por lo que no parece haber intención de negociación entre las partes.

¿En dónde?

Henning Jensen y la vicerrectora de Docencia, Marlen León, justificaron, en declaraciones a este medio en septiembre del 2019, el traslado del proyecto hacia la Vicerrectoría por su naturaleza interdisciplinaria.

"La pretensión del Consejo Universitario de que este nuevo laboratorio se adscriba a la Escuela de Medicina es reduccionista y limitada en su visión (...), además de que no es competencia de este órgano decidir sobre estos asuntos, sino de la administración académica de la Universidad" reiteró Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, en declaraciones recientes.

En el informe preliminar, que solicitó el CU a la Contraloría Universitaria, se determinó que el Leicimi (nombre anterior a DC-Lab) había desarrollado principalmente actividades de extensión docente, incluidos proyectos de vínculo externo. Además, solicitó al rector un informe donde "se justificaran las relevantes variaciones que se han realizado en el DC-Lab" y "especialmente su vinculación a la Vicerrectoría de Docencia".

El argumento del Consejo se basa principalmente en los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto, los cuales consideran preocupantes. Sin embargo, Jensen considera que la evolución del proyecto "es un proceso habitual, normal y deseable" y que "muchas de nuestras unidades de investigación son el resultado de este tipo de procesos".

La Rectoría también se mostró en desacuerdo con lo resuelto por la Contraloría Universitaria y lo calificó como "un documento confuso, repetitivo y, como algunos otros informes, los hallazgos no son concordantes con las recomendaciones".

Jensen asegura que "cuando la Contraloría Universitaria presentó el informe preliminar de auditoría sobre este tema, la Rectoría le hizo una serie de observaciones sobre aspectos que contenían información errónea. Sin embargo, estas observaciones de la Rectoría no fueron consideradas por la Contraloría ni incluidas en el informe final que presentó esa instancia".

¿Asamblea Colegiada resolvería diferendo?

Tanto la postura de la Rectoría como la del Consejo Universitario se basan en el Estatuto Orgánico de la Institución, por lo que ambos órganos aseguran que se van a mantener firmes.

Por un lado, el Consejo Universitario considera que es un conflicto por las funciones permitidas a cada órgano y lo califica como un "conflicto de competencias".

En el artículo 16, inciso h del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica se determina que resolver los conflictos de competencia entre el rector y el Consejo Universitario es una de las funciones de la Asamblea Colegiada.

Sin embargo, Jensen comentó que las disposiciones del Estatuto con respecto a las funciones que le corresponden a cada órgano son claras, por lo que no hay un conflicto de competencias y se debe considerar nulos los acuerdos del CU.