Costa Rica abierta a recibir residuos peligrosos
Metales pesados, venenos como el cianuro y desechos
electrónicos podrían entrar al país tras la firma de varios decretos.
byVinicio
Chacón @Vinicio_ChaconFeb
05, 2019
La
nueva normativa firmada por Carlos Alvarado contradice la prohibición
establecida en la Ley 8839. Elaborado por Luis Arias.
El gobierno de Carlos Alvarado,
mediante la publicación de varios decretos, ha decidido abrir las puertas del
país a la introducción de los llamados residuos peligrosos, "aquellos que por
su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas,
radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de
exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.
Así los define la Ley para la Gestión
integral de residuos, No. 8839, que además en su artículo 34 establece la
prohibición para su importación y movimiento transfronterizo. Costa Rica
también es signataria del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el
cual establece en sus anexos una amplia lista de "residuos peligrosos".
Esta lista incluye desechos clínicos
resultantes de la atención médica, los cuales resultan de la producción y
preparación de productos farmacéuticos, así como los desechos de medicamentos y
productos farmacéuticos.
También incluye los que contengan
cianuros y "sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas,
resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan",
además de los residuos de las operaciones de eliminación de desechos
industriales.
Otros desechos de este tipo son
aquellos que contengan en su constitución berilio, compuestos de cromo
hexavalente, de cobre, zinc, así como el arsénico, selenio, cadmio, antimonio,
telurio, mercurio, talio y plomo; además de cianuros orgánicos e inorgánicos y
asbesto, entre otras sustancias.
Sergio González, coordinador de la Red
de Reciclaje y director de la Fundación Centro de Productividad Nacional
(Ceprona), criticó que en el país "no podemos con los residuos ordinarios" y
recordó que la Ley 8839 manda que "primero tenemos que reducir (la cantidad de
desechos), no podemos producir tantos residuos, segundo, tenemos que
reutilizar, y luego reciclar. ¿Cómo se va a reducir si se abre el portillo para
que ingresen de otros países residuos que ellos no quieren?".
Por ello, ese ingeniero industrial con
25 años de trabajar el tema de residuos sólidos, mencionó sobre la publicación
de los decretos que "es insólito, uno se queda boquiabierto, es absurdo. Más
bien tenemos el peligro de que se están agotando los rellenos sanitarios, ¿qué
vamos a hacer?".
Añadió que los decretos son "un
problema mayor" pues abren la posibilidad de que "entre cualquier tipo de
residuo, estamos hablando de metales pesados, de residuos electrónicos, hules,
plomo, la mayor parte de los cuales no se recicla, son de los que otros países
y empresas quieren deshacerse. Mucho residuo que el país no tiene capacidad
industrial para manejar".
Puertas
abiertas
Desde mayo del año
pasado, este Semanario denunció que en el portal del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) se impulsaba la iniciativa de varios decretos que
apuntaban en esta dirección -a contrapelo de la ley-, el pasado 22 de enero
fueron publicados en La Gaceta.
Se trata, en primer lugar, del decreto
41525-S "Reglamento para el trámite digital de registros y autorizaciones del
Ministerio de Salud en la gestión integral de residuos en la plataforma
Sinigir", firmado por el presidente Alvarado y el ministro de Salud, Daniel
Salas.
Este decreto establece en su artículo 4
una serie de trámites obligatorios, entre los que incluye la "autorización de
movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y de manejo especial".
También, abre la puerta a la importación de residuos valorizables y de "equipo
electrónico (usado o para reparación)".
En cuanto al movimiento transfronterizo
de este tipo de residuos, el artículo 39 introduce, de manera paralela a las
disposiciones del Convenio de Basilea, los criterios de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro de los decretos es el No.
41527-S-MINAE, "Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos
peligrosos", que, como su nombre lo indica, viene a profundizar las determinaciones
del 41525-S.
En este caso, se definen los residuos
peligrosos como los que "por su reactividad química y sus características
tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e
inflamables, ecotóxicas o de persistencia ambiental, o que, por su tiempo de
exposición, puedan causar daños a la salud o el ambiente". Asimismo, se
clasificarán así los que defina el Ministerio de Salud en coordinación con el
Minae.
Ronald Arrieta es ingeniero en
biotecnología ambiental y forma parte de Hacia Basura Cero, una iniciativa de
un grupo de profesionales en el manejo ecológico de los residuos sólidos,
quienes se unieron "a raíz de las intenciones de algunos alcaldes de introducir
la incineración".
Arrieta, quien trabaja en la Escuela de
Química de la UCR, recordó que la incineración entre otros problemas genera
gases efecto invernadero y destacó que esa organización ha constatado que "el
país no tiene sistema de fiscalización que garantice el cumplimiento de todas
las especificaciones de ley, el Ministerio de Salud no tiene capacidad de
fiscalización", por ello, dijo que su preocupación ante estos decretos es aún
mayor.
Criticó que, a la luz de estos
decretos, las fuentes de trabajo que se puedan crear serán "muy pocas", pero
"los inconvenientes y peligros son enormes".
Nuevas
fuentes de empleo
A solicitud de la oficina de prensa del
Ministerio de Salud, se enviaron preguntas por escrito sobre el tema. Las
respuestas que se obtuvieron provinieron del ingeniero Eugenio Androvetto,
director de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.
Aunque los cuestionamientos tuvieron
que ver específicamente con la contradicción del decreto 41525-S con la
prohibición de importar residuos peligrosos, la respuesta del funcionario se
refirió nada más al tema de "residuos de manejo especial", también contenido en
la normativa nueva, sin embargo, no fue lo que se le preguntó.
Androvetto añadió que la Ley 8839
establece como objetivo fomentar el desarrollo de mercados de subproductos,
materiales valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables,
entre otros. De esta manera, se generan nuevas fuentes de empleo y
emprendimientos.
Acotó al respecto que todas las
empresas gestoras que desean operar en el país deberán presentar estudios a la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para lograr la viabilidad
ambiental, luego tramitarán el Permiso Sanitario de Funcionamiento y el
Certificado de Gestor Autorizado, "con el consecuente control por parte del
Ministerio de Salud".
OCDE
MANDA, COSTA RICA OBEDECE
En los decretos, entre las
consideraciones se cita el proceso de adhesión a la OCDE. Particularmente, el
considerando 5 del 41527-S-MINAE apunta que "es necesario, que las
definiciones, procedimientos, y requisitos en materia de manejo integral de
residuos peligrosos, sean congruentes con las definidas por la OCDE".
El ingeniero Androvetto apuntó que en
el marco del proceso de ingreso a la OCDE, al valorar el tema del movimiento
transfronterizo de residuos, "se llegó a la conclusión de que existe un vacío
legal con respecto a las normativas que regulan el movimiento transfronterizo
de residuos de manejo especial". No obstante, de nuevo omitió referirse a los
residuos peligrosos.
"Se aprovechó el proceso de adhesión a
la OCDE, para tomar como referencia las buenas
prácticas en esta materia. Estos
estándares fueron una guía para regular este vacío jurídico.
El objetivo de estas modificaciones es
dar certeza jurídica a los gestores, una debida protección de la salud humana y
del ambiente, así como generar las condiciones necesarias para que las empresas
privadas contribuyan con los objetivos de la Ley 8839".
Por su parte, el ingeniero y activista
Arrieta llamó la atención al hecho de que termine siendo una condición para el
ingreso del país a esa organización, "que sirvamos de territorio para
justamente los procesos que no quieren hacer ellos en sus países".
Ante la pregunta de si siente el peso
de ese proceso de ingreso en los decretos, el especialista respondió: "Sí,
claro. En los mismos decretos lo dice".