Boletín
Nº 193 - enero 2019
25/01/19
Las leyes ambientales lucen bien
en el papel, pero no protegen el planeta
Crédito de la imagen: Kieran
Dodds / Panos.
De un vistazo
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ONU evaluó
las leyes, regulaciones y políticas nacionales en todo el mundo vinculado con
temas ambientales
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Detectó un
notorio aumento en la cantidad de leyes pero no en el
impacto de ellas en los desafíos actuales
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El informe
propone fortalecer el estado de derecho ambiental y crear indicadores de
monitoreo
Por: Emiliano
Rodríguez Mega
Un aumento dramático en la adopción global de leyes
ambientales no se ha traducido en mejores esfuerzos de conservación,
concluyó un informe de Naciones Unidas.
El documento —que evaluó las leyes, regulaciones y políticas
nacionales en todo el mundo— encontró que falta de voluntad política, agencias
con fondos insuficientes, sistemas judiciales injustos y una implementación
deficiente de la ley han obstaculizado los esfuerzos para abordar algunos de
los mayores desafíos actuales, como el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad.
Para contrarrestarlo, el informe enfatiza la necesidad de
fortalecer el estado de derecho ambiental, involucrar a diversos actores para
que realicen evaluaciones regulares y desarrollar indicadores para rastrear el
progreso.
"Lo que hemos visto (en las últimas décadas) es un aumento
de las leyes e instituciones, pero gran parte de ese progreso se ha estancado",
dice Carl Bruch, investigador jurídico en el Instituto de Derecho Ambiental de
Washington D.C. y coautor del informe. De hecho, ha experimentado una especie
de pausa durante más de 26 años.
Luego de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro,
Brasil, en 1992, cientos de naciones fueron testigo de una explosión en la
cantidad de leyes ambientales. También se observó la incorporación de
protecciones ambientales en sus constituciones y la creación de ministerios de
ambiente. A partir de 2017, alrededor de 90 por ciento de los países tenían al
menos leyes básicas dedicadas a proteger el ambiente.
Cuadro de datos
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"Lo
que hemos visto (en las últimas décadas) es un aumento de las leyes e
instituciones, pero gran parte de ese progreso se ha estancado".
Carl Bruch, investigador
jurídico en el Instituto de Derecho Ambiental de Washington D.C.
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Pero este importante logro se ha visto socavado por la
aplicación ineficaz y errática de la legislación. También parece que hay un
sentimiento compartido de inacción, uno que no solo puede atribuirse al mundo
en desarrollo, explica Bruch: "Hay leyes que debes cumplir y leyes que puedes
cumplir si quieres". En muchos países, las leyes ambientales entran en esta
última categoría.
Por supuesto que ha habido casos de éxito. Quizás ningún
otro país ilustra esto más dramáticamente que Costa Rica, un país latinoamericano
que depende en gran medida de los recursos naturales y está inserto en una
región que a menudo ha sido devastada por conflictos políticos.
Allí, después de décadas de deforestación, el gobierno
implementó fuertes controles ambientales e invirtió millones de dólares para
proteger la biodiversidad. Ahora, Costa Rica ha duplicado su cobertura forestal
y está avanzando rápidamente hacia el logro de la neutralidad de carbono para
2021.
Según un estudio citado en el informe, "el progreso
espectacular de Costa Rica hacia el desarrollo sostenible
enfatiza la importancia del consenso político forjado por los años de
implementación de fuertes controles ambientales junto con el desarrollo
económico que dio lugar a un profundo respeto por los tribunales y las
instituciones ambientales, lo que llevó a la emergencia y mantenimiento del
estado de derecho ambiental".
Sin embargo, el mismo estudio alertó que "la falta de
capacidad de gobierno local junto con las dificultades de coordinación entre
los niveles nacional y subnacional representan el
mayor obstáculo para que el desarrollo sostenible continúe".
Coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente y
publicado el 24 de enero, el informe también identificó una reacción
preocupante a medida que los defensores ambientales son asesinados y se crean
reglas para controlar a la sociedad civil.
De 2002 a 2017 hubo se cuadruplicó la cantidad de de defensores ambientales asesinados. Muchos de ellos
murieron en bosques remotos de países en desarrollo, especialmente en América
Latina y Filipinas, después de protestar contra industrias extractivas,
represas hidroeléctricas o agronegocios.
Sus muertes, la mayoría de las cuales nunca fueron
resueltas, traen malas noticias para el estado de derecho ambiental. "Si tienes
problemas para proteger la vida de las personas", dice Bruch, "parece poco
probable que puedas hacer cumplir, por ejemplo, permisos de agua".
Victoria Tauli-Corpuz, relatora
especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
para las Naciones Unidas, coincide. Desde que comenzó su trabajo en 2014 no ha
encontrado buenos ejemplos de leyes diseñadas específicamente para proteger a
quienes defienden los derechos ambientales. "No he visto a ningún país hacerlo
de la manera correcta", dice Tauli-Corpuz, que no
participó en el informe reciente. "Es muy desafortunado".
Las conclusiones del informe llevaron a Bruch y a sus
colegas a solicitar la implementación de una autoevaluación sobre el estado del
derecho ambiental, país por país, lo que mantendría sus acciones bajo control.
Este es un
progreso, pero es esencial lograr que esas evaluaciones sean transparentes si
queremos que sean precisas, dice Edith Brown Weiss, abogada
y experta en derecho ambiental en la Universidad de Georgetown en Washington
DC, que no participó en el informe. "Es necesario hacer mucho más para
garantizar un entorno humano sólido y resistente para las generaciones
presentes y futuras, y no está claro que estemos a la altura de la tarea",
dice.