Nº 10, octubre,
2020
Foro virtual:
Cuestionan transformación del Conicit en "promotora"
·
Visión de la
innovación alude a un reduccionismo económico
·
Cambios en legislación
deberían enfocarse en fortalecer el Conicit
William Mora M.
wmora@conicit.go.cr
La voz de la comunidad científica tuvo su
momento el pasado jueves 8 de octubre mediante un foro convocado por la
organización "Alianza para una vida digna" denominado: "Creación de la
Promotora Costarricense de Investigación e Innovación: ¿Avance o retroceso
para la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica?"
Como panelistas intervinieron la Dra. Giselle Tamayo, profesora de
la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidenta del Consejo Director del
Conicit; el Dr. Walter Fernández, profesor Emérito de la UCR y presidente la
Academia Nacional de Ciencias (ANC) y el Dr. José María Gutiérrez, profesor
Emérito de la UCR.
|
Foro virtual fue
convocado por la "Alianza para una vida digna".
Ver: https://youtu.be/sNvkksL-SJA
|
|
|
|
El foro surgió
en el marco del trámite legislativo al Proyecto No. 21.660, dictaminado de
manera unánime en agosto último por los diputados integrantes de la Comisión
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, iniciativa promovida
por la congresista del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández Sánchez.
El
proyecto, que actualmente se discute en el plenario, ocupa la posición 95 de la
agenda de sesiones ordinarias, y solo podría ser modificado mediante mociones
vía artículo 137 del reglamento legislativo. Su aprobación demanda una votación
calificada de 38 votos en vista de que derogaría la Ley No. 5048, de creación
del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit),
fundado en agosto de 1972.
La
principal conclusión del foro es que, si bien el proyecto plantea el componente
de la innovación como una variable esencial para el crecimiento económico, la
versión del texto sustitutivo aprobado, no garantiza la operación integral del
sistema científico, tecnológico y de innovación del país.
Las
debilidades de la propuesta se puntualizan en aspectos como: la prevalencia de
un financiamiento exiguo; la desatención de la complejidad cada vez mayor del
quehacer de investigación científica; y lo que se califica como un "sesgo"
hacia el desarrollo tecnológico y la innovación, en menoscabo de las ciencias
básicas y las ciencias sociales.
Del
mismo modo, el modelo de gobernanza planteado para la promotora da un énfasis
desmedido al sector empresarial, al proponerse la conformación de la junta directiva
con cinco miembros provenientes del sector privado, y los 4 restantes del
sector público (Micitt, que lo preside; Meic, Conare y el INA).
Desaparece
el Conicit
El
articulado del proyecto considera la derogación de la Ley Constitutiva del
Conicit, N° 5048 para crear la figura de una "promotora" bajo el mismo estatuto
de autonomía, con personería jurídica y patrimonio propios; sin embargo,
seguirá dependiendo de la transferencia de fondos y la rectoría del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Su
génesis se orienta a estimular el desarrollo tecnológico y la innovación; así
como el desarrollo de capacidades empresariales innovadoras, actividades
emprendedoras de base tecnológica y el desarrollo de la productividad del país.
La
Diputada Hernández visualiza la propuesta como un medio para dotar al Micitt de un "ente ejecutor" de las políticas sectoriales,
con miras a atender las debilidades estructurales identificadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), órgano al
cual Costa Rica busca adherirse.
Si
bien la pretensión diputadil fue crear una
institución de máxima desconcentración como lo es la Promotora Costarricense de
Comercio Exterior (Procomer), que garantizara una
mayor flexibilidad y agilidad en la entrega de sus servicios, al final la
iniciativa subyuga la "promotora" a la Ley de Contratación Administrativa, la
Contraloría General de la República, entre otros. La propuesta excluye a la
nueva entidad de la Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, que establece la llamada regla fiscal.
Según
el proyecto, la "promotora" operará con los recursos equivalentes al 14% del
presupuesto asignado anualmente al Micitt, y una
dotación de ¢1000 millones para ofrecer los estímulos financieros.
En
este contexto, y ante la crisis fiscal actual, los proponentes consideran que
la "promotora" deberá "utilizar sus capacidades para apalancar recurso a través
de convenios y acuerdos con entes privados y públicos nacionales e internacionales".
Además
de la derogatoria de la Ley del Conicit, se modifica el articulado de la Ley
No. 7169, para trasladar el Registro Científico y Tecnológico (RCT)
(actualmente administrado por el Conicit) al Micitt
en lo que se ha dado en llamar Sistema de Información Nacional de Ciencia y
Tecnología (SINCYT).
En
las modificaciones se elimina la "Comisión de Incentivos", instancia adscrita
al Micitt, cuya finalidad ha sido la selección y la
clasificación de las solicitudes de ayuda financiera de los usuarios del Fondo
de Incentivos.
Financiamiento
y coordinación
En
su alocución, la Dra. Giselle Tamayo calificó la dotación presupuestaria como
"nuestro dolor de cabeza". Expuso que un 14% del presupuesto del Micitt para la operación de la "promotora" no es suficiente.
Además, por la aplicación de la regla fiscal, como consecuencia de los niveles
de subejecución presupuestaria, cada año se dispone
de menos recursos para financiar programas.
Como
ejemplo, refirió la situación que vive el Conicit en el 2020. Aunque originalmente
se dispuso un presupuesto total de ¢3500 millones para cubrir los gastos
operativos y los incentivos, al final la Autoridad Presupuestaria solo autorizó
un monto de ¢1733 para estos fines.
Según
explicó la Presidenta del Conicit, en los últimos años la Institución ha
invertido la mitad de la asignación presupuestaria en la atención de
solicitudes; sin embargo, esta realidad ha variado drásticamente debido a la
sub ejecución de los fondos, producto de variaciones en las programaciones de
las convocatorias que formula el Micitt y a la
naturaleza plurianual de los proyectos y becas que se financian.
La
Dra. Tamayo ilustró en una lámina los complejos mecanismos que se emplean
actualmente para canalizar las solicitudes financieras del sector. En estos
procesos intervienen la Comisión de Incentivos, el Micitt
y el Conicit.
"En
otras palabras, esa coordinación de que habla la ley 7169 en mi experiencia en
los últimos cuatro años no se ha dado; han pasado cuatro ministros y ninguno ha
hecho la coordinación debida", expresó aludiendo a lo establecido en el
artículo 41 de dicha ley en que se dispone que el Micitt,
en concordancia con el Consejo Director del Conicit y la Comisión de
Incentivos, establecerá los porcentajes de inversión anual según las actividades
a financiar.
El
aval del Conicit a la "promotora" se sustenta, entre otras cosas, en que
permite simplificar la tramitología eliminando instancias como la Comisión de
Incentivos. Se centra en el nuevo organismo la gestión, la programación de las
convocatorias, la administración de los contratos y el seguimiento financiero.
La
Dra. Tamayo refirió las dificultades que actualmente enfrentan para poder
apoyar una segunda etapa del proyecto financiado al Instituto Clodomiro Picado
para producir al menos 25 mil dosis de la formulación "ganadora" de las
inmunoglobulinas equinas para atenuar los efectos del Covid
-19 en los pacientes tratantes.
"No
podemos aprobar el proyecto porque no tenemos el permiso de la Contraloría
General de la República para usar un superávit del Fondo de Incentivos e
invertir un monto cercano a los 300 millones en esta iniciativa científica de
prioridad nacional", comentó.
Sesgos
evidentes
Para
el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Dr. Fernández, si bien se
observa con interés el que proyecto de la "promotora" busque institucionalizar
la innovación, lo más sencillo hubiera sido modificar la Ley de Creación del
Conicit y la Ley 7169.
Anota
que hay un sesgo "muy grande" a favor de la innovación relegándose a la ciencia
y a la tecnología a lo largo del articulado.
Este
criterio es secundado por el Dr. José María Gutiérrez para quien hay una
"excesiva priorización" hacia la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico
en el proyecto.
"Muy
importante, hay una desconexión notable entre la generación de conocimiento y
los sectores de la sociedad que podrían demandarlos", puntualizó el Dr.
Gutiérrez.
Este
énfasis de ver la investigación aplicada como apoyo al componente empresarial y
al sector productivo, desconoce que hay otros elementos que constituyen el
contexto de la sociedad costarricense que también requieren beneficiarse de los
conocimientos científicos y tecnológicos.
"De
alguna manera -añadió el Dr. Gutiérrez- se emparenta el desarrollo económico
nacional con el desarrollo empresarial", lo cual desconoce a otros actores
provenientes de la economía social solidaria, los sectores comunitarios y a las
propias instituciones públicas.
El
sesgo se evidencia también en dos dimensiones del proyecto: en la conformación
de la junta directiva y en la naturaleza de las funciones descritas.
De
acuerdo con el criterio vertido por la ANC sobre el proyecto, no asegura un
balance en las inversiones que se realicen en ciencia, tecnología y la
innovación.
"Partimos
de lo dicho por Jerome Friedman (Premio Nobel de Física de 1990): -La
innovación es la clave del futuro, pero la investigación básica es la clave de
la futura innovación", enfatizó el Dr. Fernández.
Para
el Dr. Gutiérrez la verdadera intención que inspira a la "promotora" está clara
en la propuesta según las funciones que el inciso a) del artículo 6 establece,
a saber:
"a)
Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas
orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores
y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano
especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior en
alineamiento con lo establecido en el PNCTI y en lo definido en el alcance de
esta Ley y su reglamento."
Aunque
el Dr. Gutiérrez defiende la importancia de las alianzas público-privadas en
materia de investigación, enfocar con tanto énfasis la innovación en el mundo
empresarial "desdibuja" la complejidad que tiene la sociedad y disminuye las
posibilidades de que la ciencia y la tecnología contribuyan con el conocimiento
a un bienestar más amplio que involucre el desarrollo social y la equidad.
Academia
al margen
Para
los doctores Fernández y Gutiérrez la ausencia del componente académico en la
conformación de la Junta directiva marca en el proyecto cierto menosprecio por
el papel de las universidades públicas en el crecimiento de la ciencia y la
tecnología nacionales.
En
el texto sustitutivo los legisladores excluyeron a la ANC y solo dejaron un
representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
"Sorprende
que se haya eliminado a la Academia Nacional de Ciencias por ser una
institución de gran prestigio y relevancia", anotó su presidente el Dr.
Fernández.
Para
él esto es injustificado dado que en la ley constitutiva de la ANC figura como
principal función el asesorar a los poderes del Estado costarricense en ciencia
y tecnología; y dada su naturaleza multidisciplinaria, de discusión científica,
garantiza un criterio neutral, posiblemente el más objetivo de quienes pudieran
integrar el órgano directivo sugerido.
Según
el Dr. Gutiérrez llama poderosamente la atención el que solo haya un
representante de las universidades publicas designado por Conare,
y otro de parte de las universidades privadas bajo el alero de la Unión de
Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE).
"Los
estudios bibliométricos han demostrado que las
universidades públicas son el principal reservorio de ciencia y tecnología del
país; ahí es donde se generan las ideas que pueden alimentar luego el
desarrollo tecnológico y la innovación", expresó.
El
diagnóstico certero
En
el 2014 el Programa Estado de la Nación realizó un diagnóstico certero sobre la
situación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.
Como
lo expuso en su intervención el Dr. Gutiérrez, aún se mantienen las debilidades
anotadas en el informe: una baja inversión en investigación y desarrollo;
mientras en el 2012 apenas invertíamos el 0.57 % del Producto interno Bruto
(PIB), en el 2018 la cifra se redujo al 0.37 del PIB.
Otras
evidencias "no halagüeñas" son el escaso recurso humano dedicado a la las
actividades científicas y tecnológicas, las brechas de género (las mujeres
apenas representan el 33% del total de profesionales con proyectos inscritos en
el RCT); la persistente endogamia científica, y la producción académica modesta
con una tendencia a la disminución de los índices de citación por artículo
publicado.
¿Pero
qué hace que Costa Rica no haya superado el escenario descrito?
Según
el Dr. Gutiérrez las falencias están asociadas a la incapacidad nacional para
poner en marcha un modelo de desarrollo científico y tecnológico de carácter
integral como el que existe en los países más avanzados.
En
una primera esfera del sistema, se debería ubicar el componente de las ciencias
básicas y sociales, de donde parten las "ideas" nuevas y se genera el
pensamiento científico original que alimenta al resto de los ámbitos.
El
segundo subsistema corresponde a la ciencia aplicada y el desarrollo
tecnológico, lo que según el Dr. Gutiérrez algunos denominan como investigación
de "traslación"; aquí se inscriben los esfuerzos de las universidades públicas,
el gobierno, las empresas y las alianzas público privadas.
En
el siguiente componente están los actores sociales y económicos que demandan
los bienes y servicios del conocimiento.
Los
subsistemas se ubican en un contexto nacional e internacional en una dinámica
de interacción de todos los componentes descritos. Por esto, para este
investigador, poner énfasis a alguna de las partes reduciría la visión
holística que caracteriza el fenómeno científico.
A
juicio del Dr. Gutiérrez, el proyecto de la Diputada Silvia Hernández no
resuelve la integralidad de este modelo y encalla en un reduccionismo económico
del desarrollo científico.
Tampoco
el proyecto de la "promotora" viene a solucionar el tema del financiamiento de
la ciencia y la tecnología y la innovación local. "Esta es una limitación
enorme que nos impide despegar", concluye.
Alternativas
de financiamiento
El
reclamo de los panelistas del foro por más recursos para la investigación y el
desarrollo tecnológico derivó en la búsqueda de alternativas de financiamiento.
La
Dra. Tamayo propuso a los diputados de la comisión fijar en ¢1300 millones el
monto inicial de la "promotora" y subir en los dos
años siguientes a su creación a ¢1500 millones para operar; a la vez, opina que
los ¢1000 millones definidos para ofrecer estímulos financieros no provocará un
cambio sustantivo en el progreso del país.
Para
el Dr. Fernández hay que explorar nuevas fuentes de financiamiento para la
ciencia, aunque la coyuntura económica hace inviable una renta proveniente de
nuevos impuestos.
La
primera alternativa para el Dr. Gutiérrez es la no reducción del Fondo de la
Educación Superior (FEES), cuya transferencia permite a las universidades
publicas financiar proyectos de investigación e innovación.
"La
defensa del presupuesto universitario es la defensa de las posibilidades del
país de desarrollar su ciencia y su tecnología", añade.
Otra
manera de hacer crecer la inversión sería que las instituciones autónomas
dispongan un porcentaje para la investigación en áreas de su interés y
competencia; tales como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el
Instituto Costarricense de electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otras.
Dados los
beneficios que reciben las zonas francas del talento humano que se forman en
las universidades, aunque haya reticencia de los partidos políticos
representados en la Asamblea Legislativa, según el Dr. Gutiérrez se requiere
poner un tributo a las empresas en este régimen, para estimular la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Opiniones en alto contraste
|
Dra. Giselle Tamayo: "En realidad si es la promotora, una agencia o
si es el Conicit es algo que para mí no es tan importante y relevante en este
momento, como que realmente se dé el peso a la ciencia y la tecnología en un
país que apuesta a la innovación".
|
|
Dr. José María Gutiérrez: "Se debe abrir un debate para preguntarnos, de
verdad, si creemos que la ciencia y la tecnología como un ingrediente
importante de nuestro desarrollo".
|
|
Dr. Walter Fernández: "La diferencia a veces entre ciencia básica y
ciencia aplicada más bien está en la intención que tuvo el investigador".
|
|
|
|
Cuadro de datos
|
|
Según
el Dr. Gutiérrez, la propuesta de la "Promotora" presenta una asimetría en el
componente tecnológico e innovación y no contribuye a alimentar una visión
holística del fenómeno de la ciencia.
Cuadro de datos
|
Créditos:
Dirección
y edición:
MA. William Mora M.
Montaje digital:
Rocío Vargas M.
Créditos de ilustraciones y fotos:
Dr.
José María Gutiérrez y Conicit.
|
CONICIT
Unidad de Gestión de la Información
Teléfono (506) 2216-1500
Fax: (506) 2216-1565
Apdo.: 599-2200
Sede: Contiguo al Centro
Integrado de Salud CCSS,
Vásquez de Coronado.
|
|