Nº 10, octubre, 2020

Foro virtual:

Cuestionan transformación del Conicit en "promotora"

·         Visión de la innovación alude a un reduccionismo económico

·         Cambios en legislación deberían enfocarse en fortalecer el Conicit

William Mora M.
wmora@conicit.go.cr

El foro surgió en el marco del trámite legislativo al Proyecto No. 21.660, dictaminado de manera unánime en agosto último por los diputados integrantes de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, iniciativa promovida por la congresista del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández Sánchez.

El proyecto, que actualmente se discute en el plenario, ocupa la posición 95 de la agenda de sesiones ordinarias, y solo podría ser modificado mediante mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo. Su aprobación demanda una votación calificada de 38 votos en vista de que derogaría la Ley No. 5048, de creación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), fundado en agosto de 1972.

La principal conclusión del foro es que, si bien el proyecto plantea el componente de la innovación como una variable esencial para el crecimiento económico, la versión del texto sustitutivo aprobado, no garantiza la operación integral del sistema científico, tecnológico y de innovación del país.

Las debilidades de la propuesta se puntualizan en aspectos como: la prevalencia de un financiamiento exiguo; la desatención de la complejidad cada vez mayor del quehacer de investigación científica; y lo que se califica como un "sesgo" hacia el desarrollo tecnológico y la innovación, en menoscabo de las ciencias básicas y las ciencias sociales.

Del mismo modo, el modelo de gobernanza planteado para la promotora da un énfasis desmedido al sector empresarial, al proponerse la conformación de la junta directiva con cinco miembros provenientes del sector privado, y los 4 restantes del sector público (Micitt, que lo preside; Meic, Conare y el INA).

Desaparece el Conicit

El articulado del proyecto considera la derogación de la Ley Constitutiva del Conicit, N° 5048 para crear la figura de una "promotora" bajo el mismo estatuto de autonomía, con personería jurídica y patrimonio propios; sin embargo, seguirá dependiendo de la transferencia de fondos y la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Su génesis se orienta a estimular el desarrollo tecnológico y la innovación; así como el desarrollo de capacidades empresariales innovadoras, actividades emprendedoras de base tecnológica y el desarrollo de la productividad del país.

La Diputada Hernández visualiza la propuesta como un medio para dotar al Micitt de un "ente ejecutor" de las políticas sectoriales, con miras a atender las debilidades estructurales identificadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), órgano al cual Costa Rica busca adherirse.

Si bien la pretensión diputadil fue crear una institución de máxima desconcentración como lo es la Promotora Costarricense de Comercio Exterior (Procomer), que garantizara una mayor flexibilidad y agilidad en la entrega de sus servicios, al final la iniciativa subyuga la "promotora" a la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República, entre otros. La propuesta excluye a la nueva entidad de la Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece la llamada regla fiscal.

Según el proyecto, la "promotora" operará con los recursos equivalentes al 14% del presupuesto asignado anualmente al Micitt, y una dotación de ¢1000 millones para ofrecer los estímulos financieros.

En este contexto, y ante la crisis fiscal actual, los proponentes consideran que la "promotora" deberá "utilizar sus capacidades para apalancar recurso a través de convenios y acuerdos con entes privados y públicos nacionales e internacionales".

Además de la derogatoria de la Ley del Conicit, se modifica el articulado de la Ley No. 7169, para trasladar el Registro Científico y Tecnológico (RCT) (actualmente administrado por el Conicit) al Micitt en lo que se ha dado en llamar Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT).

En las modificaciones se elimina la "Comisión de Incentivos", instancia adscrita al Micitt, cuya finalidad ha sido la selección y la clasificación de las solicitudes de ayuda financiera de los usuarios del Fondo de Incentivos.

Financiamiento y coordinación

En su alocución, la Dra. Giselle Tamayo calificó la dotación presupuestaria como "nuestro dolor de cabeza". Expuso que un 14% del presupuesto del Micitt para la operación de la "promotora" no es suficiente. Además, por la aplicación de la regla fiscal, como consecuencia de los niveles de subejecución presupuestaria, cada año se dispone de menos recursos para financiar programas.

Como ejemplo, refirió la situación que vive el Conicit en el 2020. Aunque originalmente se dispuso un presupuesto total de ¢3500 millones para cubrir los gastos operativos y los incentivos, al final la Autoridad Presupuestaria solo autorizó un monto de ¢1733 para estos fines.

Según explicó la Presidenta del Conicit, en los últimos años la Institución ha invertido la mitad de la asignación presupuestaria en la atención de solicitudes; sin embargo, esta realidad ha variado drásticamente debido a la sub ejecución de los fondos, producto de variaciones en las programaciones de las convocatorias que formula el Micitt y a la naturaleza plurianual de los proyectos y becas que se financian.

La Dra. Tamayo ilustró en una lámina los complejos mecanismos que se emplean actualmente para canalizar las solicitudes financieras del sector. En estos procesos intervienen la Comisión de Incentivos, el Micitt y el Conicit.

"En otras palabras, esa coordinación de que habla la ley 7169 en mi experiencia en los últimos cuatro años no se ha dado; han pasado cuatro ministros y ninguno ha hecho la coordinación debida", expresó aludiendo a lo establecido en el artículo 41 de dicha ley en que se dispone que el Micitt, en concordancia con el Consejo Director del Conicit y la Comisión de Incentivos, establecerá los porcentajes de inversión anual según las actividades a financiar.

El aval del Conicit a la "promotora" se sustenta, entre otras cosas, en que permite simplificar la tramitología eliminando instancias como la Comisión de Incentivos. Se centra en el nuevo organismo la gestión, la programación de las convocatorias, la administración de los contratos y el seguimiento financiero.

La Dra. Tamayo refirió las dificultades que actualmente enfrentan para poder apoyar una segunda etapa del proyecto financiado al Instituto Clodomiro Picado para producir al menos 25 mil dosis de la formulación "ganadora" de las inmunoglobulinas equinas para atenuar los efectos del Covid -19 en los pacientes tratantes.

"No podemos aprobar el proyecto porque no tenemos el permiso de la Contraloría General de la República para usar un superávit del Fondo de Incentivos e invertir un monto cercano a los 300 millones en esta iniciativa científica de prioridad nacional", comentó.

Sesgos evidentes

Para el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Dr. Fernández, si bien se observa con interés el que proyecto de la "promotora" busque institucionalizar la innovación, lo más sencillo hubiera sido modificar la Ley de Creación del Conicit y la Ley 7169.

Anota que hay un sesgo "muy grande" a favor de la innovación relegándose a la ciencia y a la tecnología a lo largo del articulado.

Este criterio es secundado por el Dr. José María Gutiérrez para quien hay una "excesiva priorización" hacia la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico en el proyecto.

"Muy importante, hay una desconexión notable entre la generación de conocimiento y los sectores de la sociedad que podrían demandarlos", puntualizó el Dr. Gutiérrez.

Este énfasis de ver la investigación aplicada como apoyo al componente empresarial y al sector productivo, desconoce que hay otros elementos que constituyen el contexto de la sociedad costarricense que también requieren beneficiarse de los conocimientos científicos y tecnológicos.

"De alguna manera -añadió el Dr. Gutiérrez- se emparenta el desarrollo económico nacional con el desarrollo empresarial", lo cual desconoce a otros actores provenientes de la economía social solidaria, los sectores comunitarios y a las propias instituciones públicas.

El sesgo se evidencia también en dos dimensiones del proyecto: en la conformación de la junta directiva y en la naturaleza de las funciones descritas.

De acuerdo con el criterio vertido por la ANC sobre el proyecto, no asegura un balance en las inversiones que se realicen en ciencia, tecnología y la innovación.

"Partimos de lo dicho por Jerome Friedman (Premio Nobel de Física de 1990): -La innovación es la clave del futuro, pero la investigación básica es la clave de la futura innovación", enfatizó el Dr. Fernández.

Para el Dr. Gutiérrez la verdadera intención que inspira a la "promotora" está clara en la propuesta según las funciones que el inciso a) del artículo 6 establece, a saber:

"a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Lo anterior en alineamiento con lo establecido en el PNCTI y en lo definido en el alcance de esta Ley y su reglamento."

Aunque el Dr. Gutiérrez defiende la importancia de las alianzas público-privadas en materia de investigación, enfocar con tanto énfasis la innovación en el mundo empresarial "desdibuja" la complejidad que tiene la sociedad y disminuye las posibilidades de que la ciencia y la tecnología contribuyan con el conocimiento a un bienestar más amplio que involucre el desarrollo social y la equidad.

Academia al margen

Para los doctores Fernández y Gutiérrez la ausencia del componente académico en la conformación de la Junta directiva marca en el proyecto cierto menosprecio por el papel de las universidades públicas en el crecimiento de la ciencia y la tecnología nacionales.

En el texto sustitutivo los legisladores excluyeron a la ANC y solo dejaron un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

"Sorprende que se haya eliminado a la Academia Nacional de Ciencias por ser una institución de gran prestigio y relevancia", anotó su presidente el Dr. Fernández.

Para él esto es injustificado dado que en la ley constitutiva de la ANC figura como principal función el asesorar a los poderes del Estado costarricense en ciencia y tecnología; y dada su naturaleza multidisciplinaria, de discusión científica, garantiza un criterio neutral, posiblemente el más objetivo de quienes pudieran integrar el órgano directivo sugerido.

Según el Dr. Gutiérrez llama poderosamente la atención el que solo haya un representante de las universidades publicas designado por Conare, y otro de parte de las universidades privadas bajo el alero de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE).

"Los estudios bibliométricos han demostrado que las universidades públicas son el principal reservorio de ciencia y tecnología del país; ahí es donde se generan las ideas que pueden alimentar luego el desarrollo tecnológico y la innovación", expresó.

El diagnóstico certero

En el 2014 el Programa Estado de la Nación realizó un diagnóstico certero sobre la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Como lo expuso en su intervención el Dr. Gutiérrez, aún se mantienen las debilidades anotadas en el informe: una baja inversión en investigación y desarrollo; mientras en el 2012 apenas invertíamos el 0.57 % del Producto interno Bruto (PIB), en el 2018 la cifra se redujo al 0.37 del PIB.

Otras evidencias "no halagüeñas" son el escaso recurso humano dedicado a la las actividades científicas y tecnológicas, las brechas de género (las mujeres apenas representan el 33% del total de profesionales con proyectos inscritos en el RCT); la persistente endogamia científica, y la producción académica modesta con una tendencia a la disminución de los índices de citación por artículo publicado.

¿Pero qué hace que Costa Rica no haya superado el escenario descrito?

Según el Dr. Gutiérrez las falencias están asociadas a la incapacidad nacional para poner en marcha un modelo de desarrollo científico y tecnológico de carácter integral como el que existe en los países más avanzados.

En una primera esfera del sistema, se debería ubicar el componente de las ciencias básicas y sociales, de donde parten las "ideas" nuevas y se genera el pensamiento científico original que alimenta al resto de los ámbitos.

El segundo subsistema corresponde a la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico, lo que según el Dr. Gutiérrez algunos denominan como investigación de "traslación"; aquí se inscriben los esfuerzos de las universidades públicas, el gobierno, las empresas y las alianzas público privadas.

En el siguiente componente están los actores sociales y económicos que demandan los bienes y servicios del conocimiento.

Los subsistemas se ubican en un contexto nacional e internacional en una dinámica de interacción de todos los componentes descritos. Por esto, para este investigador, poner énfasis a alguna de las partes reduciría la visión holística que caracteriza el fenómeno científico.

A juicio del Dr. Gutiérrez, el proyecto de la Diputada Silvia Hernández no resuelve la integralidad de este modelo y encalla en un reduccionismo económico del desarrollo científico.

Tampoco el proyecto de la "promotora" viene a solucionar el tema del financiamiento de la ciencia y la tecnología y la innovación local. "Esta es una limitación enorme que nos impide despegar", concluye.

Alternativas de financiamiento

El reclamo de los panelistas del foro por más recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico derivó en la búsqueda de alternativas de financiamiento.

La Dra. Tamayo propuso a los diputados de la comisión fijar en ¢1300 millones el monto inicial de la "promotora" y subir en los dos años siguientes a su creación a ¢1500 millones para operar; a la vez, opina que los ¢1000 millones definidos para ofrecer estímulos financieros no provocará un cambio sustantivo en el progreso del país.

Para el Dr. Fernández hay que explorar nuevas fuentes de financiamiento para la ciencia, aunque la coyuntura económica hace inviable una renta proveniente de nuevos impuestos.

La primera alternativa para el Dr. Gutiérrez es la no reducción del Fondo de la Educación Superior (FEES), cuya transferencia permite a las universidades publicas financiar proyectos de investigación e innovación.

"La defensa del presupuesto universitario es la defensa de las posibilidades del país de desarrollar su ciencia y su tecnología", añade.

Otra manera de hacer crecer la inversión sería que las instituciones autónomas dispongan un porcentaje para la investigación en áreas de su interés y competencia; tales como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otras.

Dados los beneficios que reciben las zonas francas del talento humano que se forman en las universidades, aunque haya reticencia de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, según el Dr. Gutiérrez se requiere poner un tributo a las empresas en este régimen, para estimular la ciencia, la tecnología y la innovación.

Opiniones en alto contraste

Según el Dr. Gutiérrez, la propuesta de la "Promotora" presenta una asimetría en el componente tecnológico e innovación y no contribuye a alimentar una visión holística del fenómeno de la ciencia.