Negociación del FEES deberá defenderse ante
Contraloría y el Congreso
El reintegro de los ₡35 mil millones se
discutiría en la Asamblea Legislativa y la reclasificación de partidas
dependerá del visto bueno de la Contraloría.
byLucía Molina Oct
29, 2019 23:16pm
Henning
Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, tomó en consideración la poca
viabilidad política que tenía un acuerdo del FEES negociado en la Asamblea
Legislativa. (Foto: Asamblea Legislativa).
Dos pruebas de fuego
deberá superar el acuerdo de negociación del
Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) alcanzado el martes 22 de
octubre entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la representación estudiantil: el primero, la
aprobación de la Contraloría; el segundo, la del Congreso.
Los términos negociados dependen de que
la Contraloría General de la República apruebe la reclasificación de las
partidas presupuestarias propuesta por los rectores, tendiente a liberar los
₡35 mil millones destinados, por interpretación de las autoridades de
Hacienda, a gastos de capital (infraestructura y equipos) y que las
universidades buscan redirigir a gastos corrientes (salarios, becas,
programas).
En la cláusula quinta del convenio del
FEES, las universidades estatales se comprometen a destinar al menos ₡70
mil millones de colones en inversión de gastos de capital. Mientras las
universidades interpretaron que esos recursos saldrían de los superávits de sus
presupuestos, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, definió que saldrían de
los recursos provenientes del FEES.
Los
estudiantes marcharon a favor de un presupuesto sostenible para las
universidades y una mejor administración de los fondos a nivel interno. (Foto:
Fabián Hernández).
La Comisión de Hacendarios de la
Asamblea Legislativa redujo la cifra de ₡70 mil millones a ₡35 mil
millones, tras aprobarse una moción del diputado oficialista, Enrique Sánchez.
El acuerdo logrado el martes anterior
pretende cambiar el destino de las partidas destinadas a gastos de capital y
que sean interpretadas como gastos corrientes para no afectar fondos destinados
a fines ya comprometidos, según los rectores. Entre ellos, los programas de
acción social, inversión en sedes universitarias, becas y cursos.
La primera barrera que deberá superar
esa negociación será la aprobación por parte de la Contraloría, que en
diciembre próximo presentará las objeciones al presupuesto, ya presentado por
las universidades, sin las reclasificaciones propuestas en el acuerdo.
Esta prueba por superar genera mayor
expectativa, luego de que la propia Contraloría envió la semana pasada un
informe en el cual se pedía una sanción de suspensión por un mes, sin goce de
salario, contra la exministra Aguilar, por haber destinado partidas, que ya
tenían un fin específico, para cubrir el faltante fiscal de alrededor de
₡800 mil millones, sin contar con la aprobación de la Asamblea
Legislativa. Aguilar renunció en desacuerdo por la disposición.
El rector de la Universidad de Costa
Rica y presidente del Conare, Henning
Jensen, aseguró que están preparados para los ajustes técnicos que solicite
Contraloría a los cuales calificó de "comunes y frecuentes" para todos los
presupuestos.
"No hay una razón poderosa por la que
puedan suceder escenarios contrarios a nuestros intereses", agregó Jensen.
Una expectativa igual de positiva tiene
José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario de la Universidad
Nacional, quien considera que "contra la Asamblea Legislativa, las
universidades no tienen nada, lo que suceda ahí va a suceder, y el riesgo de la
Contraloría, de alguna forma el Gobierno está comprometido a resolverlo".
Por el contrario, el exviceministro de Hacienda y docente de la UNA, Fernando
Rodríguez, ve un escenario de mucha incertidumbre porque la Contraloría podría
tanto rechazar como aceptar la reclasificación de partidas.
En su opinión, no necesariamente lo que
las universidades presenten como reclasificación de partidas de capital para
transformarlos como gastos corrientes podría responder a la normativa con que
se rige el ente contralor.
"La Contraloría puede decir que no, que
están queriendo meterle gato por liebre, porque las universidades no pueden
inventarse una clasificación, para eso hay normativa", comentó el economista.
Plenario como comisión
El rector Jensen, también sopesó la
viabilidad política de solucionar la condición presupuestaria impuesta por el
Ministerio de Hacienda en el plenario legislativo durante la negociación del
acuerdo.
"Es una Asamblea (Legislativa) de la
cual recibimos ataques constantemente, no tenemos una incidencia política profunda",
dijo Henning, quien no descarta que una diputada como
Paola Valladares presente una moción de reiteración para que la totalidad de
los ₡70 mil millones condicionados inicialmente sean considerados gastos
corrientes.
El otro escenario es que se solicite de
acuerdo con el artículo 137 que la totalidad del plenario se convierta en una
comisión para analizar las mociones al presupuesto, para lo cual se requiere
los votos de 38 diputados.
Sin embargo, el camino posible para el
presupuesto en la Asamblea Legislativa es complejo y "riesgoso" tanto para las
universidades como para las diferentes bancadas políticas en el plenario, según
el diputado Enrique Sánchez.
"Una vez que se abre esta posibilidad
se puede discutir sobre todo el presupuesto, y a la misma Comisión de
Hacendarios no le interesa que el trabajo que se hizo ahora esté sujeto a que
se cambie por completo en el plenario", explicó Sánchez, quien descarta la
posibilidad de que se consigan los 38 votos necesarios para abrir la comisión.
El ex viceministro Rodríguez comparte
el criterio sobre lo poco viable y riesgoso de que se abra la discusión en
plenario, debido a que podría generar opciones que den marcha atrás la
recuperación de los ₡35 mil millones.
La moción que redujo en ₡35 mil
millones el presupuesto condicionado por el Ministerio de Hacienda para gastos
de capital, propuesta por Sánchez, fue aprobada solamente con apoyo de la
fracción del PAC y de los diputados de Restauración Nacional.
El diputado del Partido Liberación
Nacional (PLN) Wagner Jiménez, quien, en conjunto con el resto de la
representación de su fracción, votó en contra, dijo basarse en las
recomendaciones del Ministerio de Hacienda.
Para Jiménez "era explícito en la
cláusula quinta del acuerdo de la Comisión de Enlace que la partida iba a ser
de capital"; sin embargo, coincide con el legislador Sánchez en que no tiene
conocimiento de que ningún diputado tenga interés de revertir el presupuesto
aprobado en la Comisión de Hacendarios.
Ante la posibilidad de que se presente
una moción de reiteración que permita discutir de nuevo la liberación de la
totalidad de los ₡70 mil millones aprobados, aseguró que tendría que
abrirse una discusión dentro de la fracción y que por el momento se limitará a
considerar que el escenario es "incierto".
Los diputados Gustavo Viales y Ana
Lucía Delgado, ambos del PLN, son de la tesis de que el acuerdo firmado no
tiene una incidencia dentro de la Asamblea y que, por el contrario, demuestra
que las universidades tenían la capacidad de resolver su situación
presupuestaria a lo interno.
"Solamente el plenario legislativo
podría modificar el destino de los recursos contenidos en dicha transferencia",
recordó Delgado.
La legisladora
oficialista, Laura Guido, lamentó la tardanza con la que actuaron los rectores,
al presentarse "literalmente" el último día de sesión de la Comisión de
Hacendarios, en la que se abordaba este tema.