Consolidando el despojo:
sobre el Informe de la Comisión del FEES
Por un lado, se habla de la necesidad de aumentar
el número de becas para un mayor acceso, por otro, se dice que la educación
superior no es gratuita ni obligatoria y que actualmente se está subsidiando a
"los ricos"
By Carmen Caamaño Morúa (Instituto
De Investigaciones Sociales, Escuela De Psicología, UCR) Jun
10, 2020 15:16pm
La Comisión Especial que Estudie,
Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la
Administración del FEES, Expediente Legislativo 21.05, es una comisión política
que se creó en el marco de la crisis financiera y del impulso a una serie de
leyes en contra del sector público para privatizar, flexibilizar, desregular y
controlar.
Los miembros de la Comisión son nueve:
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga (PLN), quien funge como el presidente, y Pablo
Heriberto Abarca Mora (PUSC), quien es el secretario de la Comisión. También
encontramos a Yorleni León Marchena (PLN), Roberto
Thompson Chacón (PLN), Sylvia Patricia Villegas Álvarez (PIN), Xiomara
Rodríguez Hernández (PRN), Mario Castillo Méndez (PAC), Enrique Sánchez
Carballo (PAC) y Erick Rodríguez Steller
(Independiente). Se trata de una comisión conformada por un grupo heterogéneo,
pero en el que encontramos una agenda neoliberal, por un lado, y conservadora,
por el otro, lo cual, resulta sumamente perjudicial al evaluar los aportes de
la educación superior pública en Costa Rica.
El informe que ha surgido de esa
Comisión parte de prejuicios y, por tanto, no es objetivo; está dirigido a la
reacción de la prensa, de la cual se alimenta. El texto está mal redactado y
con un tono disciplinante, lleno de juicios de valor y deducciones poco
fundamentadas, de condena a las universidades sobre la base de aspectos que han
sido ya desmentidos y aclarados (por ejemplo el tema del superávit, o que las
universidades se financian con deuda y que no entregan informes), pero que no
son reconocidos porque hay una agenda previa que se quiere cumplir a toda
costa: eliminar la autonomía para, con ese fin, disponer y decidir sobre los
recursos universitarios, eliminar la libertad de cátedra y el pensamiento
crítico para que prime una sola concepción de mundo, la del mundo empresarial.
Esto lleva a las y los diputados de la
Comisión a plantear la privatización del conocimiento producto de la
investigación, que ahora va a pertenecer a las empresas, que definirán, aún
más, la agenda de las instituciones de educación superior. Mientras tanto, el
aumento en el precio de la matrícula permitirá redefinir el mercado de la
educación superior para que las universidades públicas estén al mismo nivel de
competencia que las privadas, pues ya el Estado de la Educación señaló que este
mercado es limitado.
Por un lado, se habla de la necesidad
de aumentar el número de becas para un mayor acceso, por el otro, se dice que
la educación superior no es gratuita ni obligatoria y que actualmente se está
subsidiando a "los ricos", repitiendo algo que también ya ha sido desmentido
por las universidades al mostrar que la mayor parte del estudiantado proviene
de colegios públicos.
Se pretende que la universidad quede
totalmente sujeta a las decisiones del gobierno de turno y a sus planes de
desarrollo bajo parámetros de "eficiencia" y cuantificación que, a su vez,
dependen de los intereses de los sectores empresariales, tal y como vemos
actualmente con el gobierno de Carlos Alvarado.
Además, se propone que, dependiendo del
ajuste o "alineamiento" de las universidades a estos planes, se otorgue
presupuesto estatal, eliminando así toda posibilidad de disentir. Se desconoce
el papel analítico y evaluador que juega la Universidad de Costa Rica cuando
dictamina proyectos de ley, función que está establecida constitucionalmente y
que ahora no tendría sentido si las universidades van a formar parte directa
del Gobierno, tal como se propone, o a sufrir chantajes para garantizar el
presupuesto. Además, se ignora la relación de las universidades con las
instituciones públicas y la labor en comunidades, al plantear que no hay
vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo.
El informe presenta subtítulos que
corresponden a la perspectiva subjetiva de quien lo redactó y, en algunos
casos, lo que se plantea en el subtítulo ni siquiera corresponde con los
contenidos de cada apartado (por ejemplo, al señalar "El mismo CONARE admite
que es un órgano cerrado y que debe democratizarse", aspecto que no se
encuentra en el informe).
El informe no refleja una labor
sistemática, ni presenta evidencias que justifiquen las aseveraciones que se
hacen. Incluso se omiten datos con el fin de que lo que se plantea coincida con
las ideas de los legisladores.
Los
temas que interesan: bajar salarios, privatizar y controlar a las
universidades.
La excusa que se presenta una y otra
vez es la necesidad de controlar los salarios universitarios, hacerlos
"equitativos" entre universidades y entre el sector público, lo que justifica
una Ley de Empleo Público y que se busquen fondos privados para el
financiamiento de las universidades, con lo cual la labor del personal universitario
queda sujeta a contratos temporales.
De hecho, se plantea que se aumente el
número de estudiantes admitidos y que se mejore el rendimiento académico, pero
al mismo tiempo, que se baje el rubro salarial con lo cual se apunta a la
precarización, especialmente porque se ignora que la mayor parte del personal
está en condición de interinato y no gana los altos salarios que tanto se
critican.
Como estrategia para lograr su
cometido, buscan poner al estudiantado en contra del personal docente y lograr
el acuerdo de los rectores en este tema salarial, aspecto que fue otorgado con
creces por Henning Jensen Pennington,
quien sostuvo que el régimen salarial de la UCR es insostenible, pero nunca
admitió la situación del personal interino.
La otra excusa que se utiliza es la
necesidad de regionalización de la educación superior, pero en función de crear
diplomados y carreras técnicas y no formación en áreas que permitan una
educación integral que brinde más capacidades a las personas para propiciar el
desarrollo de zonas rurales.
También, en nombre de la equidad, ponen
a las universidades a competir por el presupuesto, de manera que este se
reduzca para la UCR y la UNA.
Una
agenda predefinida
La labor de la comisión se limitó a
hacer acusaciones a las universidades, a confirmar las imputaciones a partir de
preguntas tendenciosas, y a concluir lo que en primera instancia ya tenían los
legisladores en su agenda. Esa agenda plantea una serie de sesgos una y otra
vez, pues es definida por los informes sobre educación de la OCDE, el Informe
de Academia de Centroamérica sobre las universidades (esta organización de la
cual participa Rocío Aguilar, exministra de Hacienda y actual Superintendente
de Pensiones, cuya opinión fue central para la Comisión), y el Informe del
Estado de la Educación, que también toma sin cuestionamiento lo establecido por
la OCDE.
En primera instancia, estos documentos
solamente conciben a las universidades desde su labor de docencia, y la
docencia solamente en función de matrícula y diplomas otorgados. Los datos
entre universidades que se presentan en esos informes no son comparables entre
sí pues no brindan las mismas carreras, desde las mismas perspectivas y
programas, por lo que homogenizan datos que no se corresponden.
Estos informes tienen una perspectiva
economicista y no una visión amplia de la labor de las universidades desde la
docencia, la investigación y la acción social, y eso hace que se proponga
cambiar la Constitución para que los intereses económicos sean prioritarios
frente a la educación superior.
Desde esa perspectiva, asumen que hay
un mercado que debe definir el mundo a partir de la técnica, de ahí que se
desprecien una y otra vez las carreras del área de Ciencias Sociales. Por ello,
consideran que la mejor universidad es el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
y a este buscan darle prioridad porque "hace mucho con poco", ha implementado
el aumento en el costo de la matrícula y tiene las carreras acreditadas, ignorando
los esfuerzos de las otras universidades públicas para hacerlo. La acreditación
es considerada como el parámetro de calidad, sin considerar que aquella es un
gran negocio que requiere de mucho dinero para concretarse y que favorece a
ciertas agencias acreditadoras internacionales específicas que promueven la
homogenización de programas, tal y como lo establece la OCDE, sin que estos
necesariamente sirvan para el desarrollo nacional y local.
Además de presentar un proyecto de ley
para transformar los artículos de la Constitución de la República que
garantizan la autonomía universitaria y el otorgamiento de presupuesto por
parte del Estado, los diputados buscan el ajuste total de las universidades a
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, atacar las convenciones
colectivas en las universidades, establecer la rectoría gubernamental de
CONARE, y establecer la Ley de Empleo Público para implementar los ajustes que
garanticen bajar los salarios.
No es un informe bien intencionado como
en varias ocasiones se proclama. Se trata de una agenda coherente con los
sectores financieros y conservadores que han encontrado en el gobierno actual
el mejor aliado para terminar de consolidar el despojo en medio de la crisis
financiera y sanitaria que actualmente vivimos.
Esto lo han hecho con la ayuda de
sectores dentro de la misma universidad que desde hace muchos años vienen
abogando por aumentar la matrícula, dedicarse a la venta de servicios, formar
empresarios, eliminar las Humanidades, las Ciencias Sociales y la Acción
Social. Es la tendencia a convertir finalmente a las universidades en empresas,
que es impulsada por los organismos financieros internacionales, Academia de
Centroamérica y UCCAEP, y que apunta a eliminar cualquier vestigio de
humanismo, crítica, libertad o deseo de emancipación. De paso, esto favorece
los intereses de sectores conservadores para los cuales las Humanidades y las
Ciencias Sociales son peligrosas.
Por supuesto que la
Universidad tiene muchas desigualdades internas que resolver, las cuales se han
incrementado en el marco de este modelo empresarial que se ha impuesto. Ya en
otro artículo me referí a que la UCR no es humanista, democrática o autónoma (https://semanariouniversidad.com/pais/la-universidad-empresa-durante-la-pandemia/).
Pero eliminar la autonomía, la libertad de cátedra y el presupuesto estatal de
la Constitución Política implica la cristalización de la universidad-empresa,
la pérdida de la libertad como aspiración del ser humano, la apropiación y el
despojo de una institución construida a lo largo de muchos años por muchas
personas, cuyo valor no se puede medir cuantitativamente.
Los últimos ocho años han significado
deterioro, fragmentación y pasividad en la comunidad universitaria y, cuando el
estudiantado se ha levantado, ha sido criminalizado, con lo cual la propuesta
de la Comisión nos encuentra en un estado de gran vulnerabilidad. La dificultad
para resistir se incrementa al estar centrados en la virtualización y el
cumplimiento de tareas como si no estuviéramos viviendo una crisis sanitaria y
un ataque directo a la institucionalidad.
Se requiere en estos
momentos que la comunidad universitaria tome conciencia de lo que está
sucediendo, que se manifieste y se organice en contra de las pretensiones de
este sector político-empresarial que no hace más que minar cualquier vestigio
del Estado social de derecho que, si bien imperfecto, al menos ha permitido la
libertad del pensamiento.