La Abolición del Ejército en Costa Rica y su impacto en
el campo de la Ciencia, la Tecnología y el Militarismo.
Mario
Zamora Cordero
marzaco@correo.ugr.es
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Costa Rica, Diplomado en Derecho Internacional Humanitario,
Universidad del Rosario (Colombia); Máster en Estudios Latinoamericanos Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de
Salamanca, Candidato a Doctor y Diplomado en Estudios Avanzados (Derecho Público
y Relaciones Internacionales), Instituto de la Paz y los Conflictos, Programa:
Paz, Conflictos y Democracia, Universidad de Granada (España); Candidato a
Doctor, Suficiencia Investigadora, Facultad de Derecho, Programa Aplicación de
los Derechos Humanos en materia Penal y Procesal Penal, Universidad de Salamanca
(España).
Epígrafe:
Solamente puedes tener paz si tú mismo la proporcionas (Marie
Ebner-Eschenbach).
La abolición
del ejército en Costa Rica, el primero de diciembre de mil novecientos cuarenta
y ocho, supuso y supone la mayor
hazaña de alcance histórica, universal y universalizable que desde Costa Rica
hubiese dictado gobierno alguno y que sin lugar a dudas constituye uno de los
actos más significativo y de mayor relevancia civilizante que se hubiera
adoptado en Latinoamérica a lo largo del siglo XX.
La abolición del ejército no
solo implicó la eliminación de la institucionalidad castrense en el país y la
adopción de una política nacional de defensa basada en el desarme, lo cual es
visible y perceptible a la luz de los aportes que la literatura especializada a
denotado en este campo. Sin embargo, un elemento que no ha aflorado en el análisis
sobre estos hechos lo ha sido la valoración sobre lo que a partir de la abolición
del ejército no ha sucedido en nuestro país y en nuestro medio científico
nacional.
La supresión de las Fuerzas
Armadas en el campo de la ciencia y la tecnología supuso para los científicos
nacionales dos acontecimientos de magnitud e importancia como lo supuso su
liberación de las obligaciones técnicas que tendrían en el caso de subsistir
un ejército así como de la disposición de los recursos científicos
nacionales para el desarrollo de quehaceres relacionados con I+D sin tener que
sufrir su desviación y traslado al campo del I+D militar.
Desde el conocimiento crítico y
alternativo se ha cuestionado el supuesto rol neutral de la ciencia y el proceso técno-científico ante el
militarismo, ya que según la Dra. Rosa María Doménech y el Dr. Francisco Rodríguez
Alcazar (investigadores del Instituto de la Paz y los Conflictos de la
Universidad de Granada) ha sido la violencia extrema un vector de cambio que a
alterado la organización y producción social mediante la vinculación del
proceso técno-científico a la producción de armamentos
La
militarización de la ciencia supone el aprovechamiento, con fines militares,
del conocimiento producido de conformidad con el método científico; lo cual se
materializa a través de la conformación deliberada de un sistema organizativo
que distrae de otros quehaceres sociales importantes recursos, tanto económicos
como humanos, en función de la producción y desarrollo de armas. Este objetivo
se transforma en un mandato para la consecución de un mejoramiento en las
capacidades destructivas del armamento a cargo de las instituciones públicas y
privadas adscritas al campo tecno-científico.
Según
estos investigadores, existe una interrelación orgánica y funcional entre
armamentismo y militarismo, determinada no solo por el hecho de que el
armamentismo comporta la forma más extrema, y quizá más perversa, del
militarismo, sino también por el papel de este último tiene en cuanto a la
vertebración, tanto a nivel nacional como supranacional, de esquemas
institucionales que priman el factor seguridad por sobre cualquier otro de
distinta naturaleza, de tal surte que termina promocionando formas indeseables
de organización política o económica sustentadas en el uso y producción de
armas.
La
apropiación de un segmento del mundo científico, con un ánimo totalizante,
por parte del militarismo, traspasa a este medio modelos de abordaje de la
conflictividad sustentados en el uso de la fuerza, lo cual (re)posiciona el
papel de la violencia como medio de resolución de los problemas humanos, tanto
en el plano nacional como en el internacional, en razón de la vínculación
entre tecnociencia y violencia letal, incrementada bajo el asociacionismo
establecido entre ciencia e industria armamentista promovido por el militarismo.
El
escenario de alta confidencialidad en el que se verifica tal asociacionismo
impide a la sociedad civil organizada así como a las autoridades civiles
ubicadas en el sector de la ciencia y la tecnología desarrollar los controles
democráticos que exige la ciudadanía a efectos de que los recursos públicos
destinados a las ciencias y tecnologías militares respeten los parámetros
civilizantes que comporta el Derecho Internacional Humanitario (Derecho de los
Conflictos Armados) en cuanto al desarrollo de poder letal a través de la
producción y disposición de armamentos, sobre todo en el caso de armas
convencionales y no-convencionales de alto poder destructivo. Por lo que la
lucha en contra de la alta confidencialidad y el secretismo representan factores
de éxito indispensable en la lucha por lograr el desarrollo de un I+D militar
subordinado plena e indubitablemente a los mecanismos democráticos de control
civil sobre las Fuerzas Armadas, lo cual supone el establecimiento de un sistema
de pesos y contrapesos en este campo que coloque al poder científico civil por
sobre el poder científico militar dentro del campo de la tecno-ciencia.
Sin
embargo, este postulado civilista no es de fácil aceptación bajo el concepto
de ciencia-nacional al que muchos sectores científicos se han adscrito sobre la
base del principio de que la ciencia debe estar al servicio del Estado-Nación;
esta postura a conducido al nacionalismo científico (pretensión de
superioridad nacional) lo cual contrasta con la pretensión de universalismo y
neutralidad que a caracterizado al conocimiento científico.
Así,
desde una particular forma de vinculación entre ciencia, tecnología, Estado y
Ejército, a operado la conversión de los gobiernos nacionales en
patrocinadores y clientes de los productos e invenciones de la tecnociencia
militarizada, lo cual a potenciado la “ciencia pública” en función de
intereses militares a través del financiamiento estatal asignado a investigación,
con la justificación de que la superioridad tecnológica asegura sobre
cualquier eventual enemigo asegura una ventaja militar tras la cual se disuade
al agresor de materializar su agresión y de esta forma, en última instancia,
se logra la paz.
Esta
percepción ha imperado en medida nada escasa y representa el núcleo central
sobre el cual gravitan las relaciones entre el sector de la ciencia y la
tecnología para con los distintos gobiernos nacionales que se suscitan a través
de la lógica democrática en la mayor parte de países del mundo desarrollado.
Esta intervinculación, a diferencia del pasado, ya no solo opera en tiempos de
guerra, sino también, en tiempos de paz, lo cual singulariza nuestra época en
razón de marcar un cambio con respecto de la institucionalización, a gran
escala, de la investigación con fines militares, lo cual ha acontecido desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial.
El
uso de la bomba atómica como elemento finalizador y resolutor de un conflicto
armado reposicionó en términos estratégicos el papel de la ciencia y el
armamentismo en el escenario militar, lo cual prosiguió con la carrera atómica
y la carrera nuclear establecida entre las superpotencias de la Guerra Fría.
Hoy en día, los atentados del 11s y el 11m han favorecido un aumento del gasto
general en seguridad así como del rubro correspondiente a I+D militar. Solo en
el caso de España, este país dedica a gasto militar el 2.5 del Producto
Interior Bruto y a investigación militar el 52% de su presupuesto total para
I+D, lo cual representa 11 veces el monto asignado al programa de investigación
sanitaria, 291 veces su presupuesto de investigación y evaluación educativa;
100 veces el costo del programa mundial de Cultura de Paz de la UNESCO, cuyo
monto es además superior al presupuesto ordinario de la ONU.
Para
las naciones con una fuerte presencia del gasto militar en el contexto del gasto
público plantear la necesidad del traslado de recursos del campo del I+D
militar al escenario del I+D constituye una oportunidad para el fortalecimiento
de las actividades civiles ligadas a este campo, sobre todo en el campo de la
salud y de la producción; sin embargo, esta posibilidad (desde el punto de
vista de la Real Politik) es de difícil concreción en vista de la prevalencia
de esquemas sociales que privilegian lo militar por sobre lo civil en esas
sociedades.
Quizá
lo políticamente posible (a través de una política científica diseñada al
efecto) lo sea el procurar establecer mecanismos para el usos pacífico del I+D
militar así como formas de cooptación civil de tales usos. Ya que el camino de
la confrontación directa en pro de la eliminación completa del I+D militar,
como lo acredita el ejemplo costarricense a través de la abolición del ejército
(1949), no resulta factible en naciones en que esta institución goza de la
legitimidad social suficiente para efectos de justificar su existencia y ante
las cuales solo es dable la cooptación pacífica de saberes científicos
elaborados al tenor de necesidades militares a efectos de analizar su utilización
en actividades humanas no confrontativas, lo cual representa el componente civil
del I+D militar que eventualmente podría ser desarrollado en tales países.
Como por ejemplo lo podría ser el uso de tecnología militar aplicada
humanitariamente a labores de desminado en zonas posconflicto así como al
desarme entre los contendores.
En
suma, la abolición del ejército en Costa Rica (1948) no solo liberó al país
de la onerosa carga que supone el mantenimiento de las Fuerzas Armadas,
redirigiendo entonces dichos recursos al área de la educación y la salud, sino
que significó liberar al país de los embates negativos que el militarismo
genera en el campo científico, haciendo de Costa Rica una de las excepciones
mundiales en el campo de la seguridad y la defensa, no solo por carecer de un Ejército,
sino también, por no haber dispensado un solo recurso científico, por más de
cincuenta años, a quehacer militar alguno, lo cual marca una sensible
diferencia entre nuestro cuerpo de científicos nacionales para con los de los
demás países que conforman la comunidad internacional.